La policía de Corea del Sur llevó a cabo este miércoles una redada en la oficina presidencial, el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) y la residencia oficial, como parte de una investigación por presunta obstrucción a la justicia vinculada al expresidente destituido Yoon Suk Yeol y altos funcionarios de su entorno. El operativo tuvo lugar en el distrito de Yongsan, en el centro de Seúl, y se enmarca en el caso sobre la declaración de ley marcial por parte de Yoon el pasado 3 de diciembre.
El equipo especial de investigación registró el servidor del teléfono seguro de la oficina presidencial y accedió a espacios clave del PSS, incluyendo la residencia oficial. Las autoridades buscan determinar si hubo maniobras para evitar el cumplimiento de una orden de detención contra Yoon a comienzos de este año.
El foco de la investigación está puesto en Kim Seong-hoon, jefe interino del PSS, acusado de impedir el acceso de los investigadores a la residencia presidencial cuando intentaban ejecutar la orden de detención en enero. Aunque un tribunal de Corea rechazó recientemente las solicitudes de arresto contra Kim y contra Lee Kwang-woo, jefe de la división de guardaespaldas del PSS, la policía sigue reuniendo pruebas que podrían sustentar nuevos cargos.
Entre los elementos bajo análisis se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto presidencial, que podrían ofrecer detalles sobre los movimientos y decisiones tomadas durante los días clave de la crisis institucional. Estas imágenes también serían relevantes en relación con las acusaciones de insurrección que pesan sobre Lee Sang-min, exministro del Interior y Seguridad.
La redada refleja el alcance de una investigación que ha ido ganando peso desde la destitución de Yoon Suk Yeol, en un contexto político cargado de tensión. Las autoridades han evitado hacer declaraciones detalladas sobre los próximos pasos, aunque todo indica que se busca determinar el grado de coordinación interna que pudo existir para frenar el accionar judicial contra el exmandatario.
El caso sigue generando repercusiones a nivel nacional, tanto por la gravedad de los delitos que se investigan como por la implicación de figuras centrales del aparato estatal. Seúl permanece en estado de alta vigilancia mientras avanza el proceso.
