El Ministerio de Defensa español comunicó a la Xunta de Galicia que no presentará objeciones a la instalación en Ferrol de la primera planta europea del fabricante chino de vehículos eléctricos SAIC Motor, ubicada a pocos kilómetros del arsenal militar de la Armada y del astillero de Navantia. La ministra Margarita Robles trasladó este martes al presidente gallego, Alfonso Rueda, que su cartera emitirá próximamente un nuevo informe favorable al proyecto, luego de que documentos internos del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hubieran encendido alertas sobre eventuales riesgos para la seguridad de esas instalaciones sensibles.
La decisión llega apenas 48 horas después de que trascendieran las reservas de los organismos de inteligencia por la ubicación elegida por la compañía china: el puerto exterior de Ferrol, a unos cinco kilómetros en línea recta del arsenal naval y del complejo donde Navantia construye las fragatas F-110, que incorporan tecnología estadounidense sensible como el sistema Aegis. Ese cruce entre inversión industrial china y proximidad a infraestructura militar de primer nivel fue lo que motivó la cautela inicial de Defensa.
Robles le confirmó a Rueda que la evaluación será favorable «sin perjuicio de las condiciones operativas que sean necesarias» desde el punto de vista de las competencias del ministerio, lo que sugiere que la aprobación podría venir acompañada de exigencias específicas de seguridad para la operación de la planta.

El presidente gallego, que había reclamado al Gobierno central compatibilizar la seguridad nacional con lo que calificó de «oportunidad histórica» para la región, sostuvo que le resultaba difícil de entender que estas dudas surgieran recién ahora, después de meses de trabajo conjunto entre administraciones.
El proyecto de SAIC —propietaria de la marca MG y uno de los mayores fabricantes de autos del mundo— contempla una planta de ensamblaje con capacidad proyectada de 120.000 vehículos anuales, que le permitiría a la compañía producir dentro del territorio comunitario y usar Ferrol como plataforma para el mercado europeo. Para Galicia, la inversión representa una apuesta por diversificar una economía regional históricamente ligada a la construcción naval.
El caso de Ferrol vuelve a poner sobre la mesa una tensión que se repite en distintos puntos de Europa: los gobiernos buscan captar inversión industrial china —especialmente en el sector de vehículos eléctricos, donde Pekín lleva una ventaja tecnológica y de costos difícil de igualar— mientras sus propios aparatos de seguridad e inteligencia advierten sobre los riesgos de permitir que empresas chinas operen cerca de infraestructura militar crítica.
España no es una excepción: la decisión final de Defensa, que prioriza el resultado económico por sobre las alertas de sus propios servicios, marca una postura que probablemente será observada de cerca por otras capitales europeas que enfrentan dilemas similares con la inversión china en sectores estratégicos.












