Surya Subekti, ciudadano australiano de origen indonesio, recibió una pena de seis años y cinco meses de prisión por organizar el ingreso de la menor a Australia y controlar sus ganancias en un burdel de Sydney. La jueza dictaminó que no mostró arrepentimiento genuino. Un cómplice, que lo conocía solo como «Batman», recibió una condena menor.
Un hombre que traficó a una adolescente de 17 años desde Indonesia hacia Australia para explotarla sexualmente cumplirá una pena de hasta seis años y cinco meses de prisión, por decisión de una jueza de Sydney que consideró que el condenado no mostró un arrepentimiento genuino. Surya Subekti, ciudadano australiano de ascendencia indonesia de 45 años, fue sentenciado el viernes 10 de julio en el Tribunal de Distrito de Nueva Gales del Sur, con un período mínimo sin libertad condicional de cuatro años y cinco meses: su fecha más temprana de liberación es noviembre de 2030.
Subekti se declaró culpable de dos cargos: organizar el ingreso a Australia de una persona menor de 18 años con la intención de que prestara servicios sexuales, y someter a una menor de 18 años a trabajo forzado. Las penas máximas para esos delitos son de 25 y 12 años de prisión, respectivamente. El caso es el resultado de una investigación de 20 meses de la Policía Federal Australiana (AFP) sobre una presunta red de trata sexual que operaba entre Australia e Indonesia.
El consentimiento que la ley no reconoce
La defensa de Subekti argumentó que la víctima viajó a Australia voluntariamente, conociendo la existencia de un contrato con obligaciones que cumplir, y que había alcanzado la mayoría de edad. La jueza Nicole Noman desarmó ese planteo: la joven —ciudadana indonesia que tenía 17 años y 7 meses al inicio de los hechos imputados— era legalmente una niña bajo la ley australiana, donde la edad de consentimiento para el trabajo sexual es de 18 años. Su capacidad para asumir obligaciones contractuales y consentir la venta de servicios sexuales, dictaminó la magistrada, no puede considerarse consentimiento.
Según los hechos acordados en el expediente, Subekti sabía que la víctima tenía 17 años y dio instrucciones para ocultar su edad. La jueza lo consideró una pieza «clave» en la operación: ayudó a organizar el contrato, la visa, el transporte y el burdel que él mismo designó, durante un período de unos dos meses. La visa se obtuvo con información falsa, que incluía presentar a la joven como hija de una mujer adulta sin parentesco alguno con ella.
La víctima llegó a Australia en enero de 2021 y fue obligada a trabajar en un burdel de Sydney, mientras Subekti ejercía el «control financiero total» sobre sus ingresos, decidía cuándo y adónde sería trasladada, y participó en la confección de contratos que le exigían trabajar hasta 12 horas por día. «La víctima dependía completamente de los arreglos hechos para ella», señaló la jueza Noman, subrayando que la adolescente quedó aislada en un país extranjero, sin ninguna red de apoyo.
«Batman» y el cómplice que le decía «figura paterna»
El segundo condenado es Elton Valentino, ciudadano indonesio de 32 años que había ingresado legalmente a Australia en 2012 con visa de estudiante. Se declaró culpable de un cargo de facilitar el transporte de una persona menor de 18 años para la prestación de servicios sexuales, y recibió una pena de dos años y ocho meses, con un mínimo de un año y diez meses. Valentino contó a la policía que Subekti le había ordenado no revelar su nombre real a las mujeres que transportaba y referirse a él únicamente como «Batman».
El tribunal escuchó que Valentino veía a Subekti como una «figura paterna» y que este le había asegurado que todas las mujeres del burdel eran mayores de 18 años; no participó del proceso de traer a la víctima a Australia. La jueza consideró que mostró un arrepentimiento genuino y tiene buenas perspectivas de rehabilitación: detenido desde octubre de 2024, podría quedar en libertad en agosto de este año, con cinco años de libertad vigilada.
El contraste con Subekti fue tajante. Padre de tres hijos y con apoyo de una familia que desconocía su problema de ludopatía, el condenado le dijo a un psicólogo que había participado del esquema «a regañadientes» y que la víctima «insistió». La jueza rechazó de plano esa versión por contradecir los hechos acordados: lo describió como un relator poco confiable de lo ocurrido, con perspectivas de rehabilitación «inciertas», y remarcó que su delito «no fue un acto impulsivo, sino bien planificado». «No lo acepto como un arrepentimiento genuino por sus actos», concluyó.
El caso vuelve a poner el foco sobre los circuitos de trata que conectan el Sudeste Asiático con Australia, donde la demanda del mercado sexual y las asimetrías económicas regionales crean condiciones que las redes criminales explotan con documentación fraudulenta, contratos abusivos y control financiero total sobre las víctimas.
