Las autoridades chinas han reforzado las medidas de control sobre las comunidades católicas no registradas, al tiempo que aumentan la vigilancia y las restricciones sobre los fieles en todo el país, según un informe difundido por Human Rights Watch.
El reporte sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida durante años para garantizar que las religiones operen bajo la órbita del Partido Comunista, que mantiene una postura oficialmente atea. En ese marco, se ha intensificado la presión para que las comunidades católicas clandestinas se integren a la iglesia controlada por el Estado.
En China, el catolicismo ha estado históricamente dividido entre la Asociación Patriótica Católica, que responde al gobierno, y las iglesias clandestinas que permanecen fieles al Vaticano. Esta fractura se mantuvo durante décadas de tensiones, pese al acuerdo alcanzado en dos mil dieciocho entre Beijing y la Santa Sede.
Ese entendimiento, impulsado por el Papa Francisco, permitió al gobierno chino participar en la designación de obispos, aunque el Papa conserva la facultad de veto. Sin embargo, el contenido completo del acuerdo nunca fue publicado, lo que ha generado críticas y dudas sobre su alcance real.
Según la organización, la situación no ha mejorado desde entonces. Por el contrario, asegura que las autoridades han recurrido a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y arrestos domiciliarios contra miembros del clero que se resisten a integrarse a la estructura oficial. También denuncia un aumento del control ideológico, la vigilancia y las limitaciones a las actividades religiosas.
El informe cita testimonios de personas con conocimiento directo de la vida católica en China, aunque reconoce que sus investigadores no pueden operar dentro del país. A partir de esas fuentes, señala que las restricciones incluyen controles sobre los viajes al exterior de los religiosos, que ahora requieren aprobación estatal.
El Vaticano no respondió de inmediato al contenido del reporte. El actual pontífice, Papa León XIV, ha dado señales de que mantendrá el acuerdo con China al menos en el corto plazo, aunque ha reconocido la complejidad del vínculo y la necesidad de seguir dialogando.
Por su parte, el gobierno chino tampoco emitió comentarios tras la publicación del informe. Beijing reconoce oficialmente cinco religiones y mantiene una estricta supervisión sobre todas ellas.
El endurecimiento del control se enmarca en la política de “sinización” impulsada por el presidente Xi Jinping, que busca alinear las prácticas religiosas con la ideología y los objetivos del Partido Comunista. Desde su implementación, organizaciones de derechos humanos han denunciado la demolición de iglesias, la prohibición de reuniones no autorizadas y la confiscación de materiales religiosos.
El informe también vincula esta política con la represión de otras confesiones, como el budismo tibetano y el islam. En paralelo, grupos que defienden la libertad religiosa han pedido a la comunidad internacional que ejerza mayor presión sobre Beijing.
En ese contexto, la situación de los católicos en China vuelve a quedar bajo escrutinio, con crecientes preocupaciones sobre el respeto a la libertad de culto en el país.
