El gobierno de Indonesia intensificó su presión sobre redes sociales y plataformas digitales para que informen cuántas cuentas han sido suspendidas en el marco de la nueva regulación que limita el acceso a menores de 16 años. La medida forma parte de un intento más amplio por reforzar la protección de niños y adolescentes en el entorno digital.
La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, señaló que no alcanza con que las empresas cumplan con la norma, sino que también deben hacer públicos los resultados. Según explicó, la transparencia es clave para evaluar el impacto real de la política y generar confianza en la sociedad.
La regulación, que comenzó a aplicarse a fines de marzo, prohíbe el acceso de menores de 16 años a plataformas que puedan exponerlos a contenidos dañinos, como pornografía, acoso en línea, estafas o conductas adictivas. El gobierno estima que la medida alcanza a unos setenta millones de niños y jóvenes en el país, donde el uso intensivo de internet es cada vez más común. De acuerdo con datos oficiales, los menores pueden pasar hasta ocho horas diarias conectados.
Sin embargo, la implementación no ha sido uniforme. Algunas plataformas tardaron en adaptarse a las nuevas exigencias, en parte por el tamaño del mercado indonesio. Aun así, varias compañías ya han comenzado a dar señales de avance. TikTok fue la primera en presentar cifras concretas al informar que desactivó 1,7 millones de cuentas pertenecientes a menores de 16 años.
Otras grandes plataformas, como YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X y Bigo Live, han manifestado su compromiso de restringir el acceso a usuarios menores, aunque no todas han detallado cómo lo harán ni cuántas cuentas han sido afectadas. En el caso de YouTube, la empresa anunció su adhesión semanas después de la entrada en vigor de la norma, pero aún no publicó datos específicos.
La única plataforma relevante que no ha confirmado su cumplimiento es Roblox, lo que mantiene abierta una fuente de preocupación para las autoridades. Mientras tanto, el gobierno ha optado por permitir que cada empresa defina sus propios mecanismos de verificación de edad, en lugar de imponer un sistema único.
Esa flexibilidad, no obstante, ha generado críticas. Especialistas en derechos digitales advierten que verificar la edad de los usuarios de manera confiable suele implicar la recolección de datos personales sensibles, lo que abre interrogantes sobre privacidad y seguridad. También señalan que muchos menores podrían eludir los controles utilizando cuentas de adultos o identidades falsas.
Desde organizaciones de la sociedad civil sostienen que el desafío va más allá de restringir el acceso. Plantean que el problema central es la calidad del entorno digital y la falta de controles sobre quienes generan contenido dañino. En ese sentido, reclaman una supervisión más activa por parte del Estado sobre las herramientas que implementan las plataformas.
Indonesia se convirtió así en el primer país del sudeste asiático en adoptar este tipo de restricciones, en línea con iniciativas similares que ya se discuten o aplican en otras regiones. El debate, sin embargo, sigue abierto sobre cómo equilibrar la protección de los menores con el respeto a la privacidad y el acceso a la tecnología.
