El Gobierno neozelandés ha dado un paso importante en la aplicación del nuevo sistema de gestión de recursos, al publicar un proyecto de documento del Marco Nacional de Planificación (MNP) con arreglo a la nueva legislación, según ha declarado el ministro de Medio Ambiente, David Parker.
El MNP consolida la dirección nacional existente, reuniendo alrededor de 20 instrumentos existentes, entre declaraciones políticas, normas y otros reglamentos. Y lo que es más importante, incluye un nuevo capítulo sobre infraestructuras. Este importante trabajo ha sido dirigido por la Comisión de Infraestructuras. Incluye la creación de normas para actividades como el control de sedimentos y permite un mayor número de actividades autorizadas, lo que se traduce en un menor número de costosas autorizaciones.
«Preparar el Plan Nacional de Ordenación ha sido un trabajo ingente. Doy las gracias a todos los que han participado en su elaboración, incluida la Comisión de Infraestructuras», declaró el ministro Parker.
Este primer MNP, o de transición, se centrará especialmente en apoyar el desarrollo de las nuevas estrategias regionales de ordenación territorial.
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El gobierno local es el principal ejecutor del MNP. También hay obligaciones derivadas de los acuerdos de los Tratados, acordados por los sucesivos Gobiernos, que deben trasladarse de la Ley de Gestión de Recursos. En consecuencia, he publicado un borrador del Plan Nacional de Ordenación para que se establezca un compromiso inicial con las administraciones locales y los grupos maoríes.
El borrador del MNP constituirá la base de una consulta pública a principios de 2024, dirigida por una comisión de investigación independiente presidida por Laurie Newhook, ex jueza del Tribunal Supremo de Medio Ambiente.
«Un gobierno entrante no estaría obligado a continuar el proceso de la junta de investigación si deroga la Ley de Medio Ambiente Natural y Construido y vuelve a la RMA, que National criticó durante muchos años», explicó el ministro.
Este primer MNP se centrará especialmente en apoyar el desarrollo de las nuevas estrategias regionales de ordenación territorial
David Parker afirmó que el Gobierno también está cumpliendo otro requisito de la nueva legislación, al iniciar la creación de un Grupo de Trabajo sobre el Agua Dulce para que elabore un informe sobre las cuestiones relativas a la asignación del agua. Esto responde a la obligación de la Corona de ocuparse de la asignación del agua, y es coherente con los compromisos adquiridos ante el Tribunal Supremo hace una década, antes de que el Gobierno actual tomara posesión.
La ley exige que el grupo de trabajo presente un informe antes del 31 de octubre de 2024, un plazo muy ajustado, por lo que el trabajo debe ponerse en marcha.
«Una vez más, un gobierno entrante podría revertir este trabajo cambiando la ley», dijo David Parker.
