Una encuesta reciente en Estados Unidos, publicada el 4 de junio de 2026, revela que una amplia mayoría de ciudadanos, sin distinción partidista, apoya regulaciones más severas sobre los alimentos ultraprocesados. La investigación, divulgada junto a un número especial del American Journal of Public Health, evidencia preocupaciones compartidas en torno a la adicción y los efectos sanitarios de estos productos industriales.
Un consenso poco común en torno a la regulación alimentaria
En una época de creciente polarización política en Estados Unidos, los resultados de la reciente encuesta sobre alimentos ultraprocesados sorprendieron a los investigadores. Según los datos presentados por el equipo de la epidemióloga Lindsey Smith Taillie, de la Universidad de Carolina del Norte, más del 70 % de los 2.000 encuestados considera que estos productos contribuyen de manera significativa a la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Este consenso, transversal a demócratas, republicanos e independientes, sugiere un cambio de paradigma en la percepción pública sobre la industria alimentaria.
El estudio se dio a conocer en una conferencia de prensa previa a la publicación del número especial del American Journal of Public Health, donde expertos en nutrición y política pública argumentaron que las actuales estrategias gubernamentales son insuficientes. Marion Nestlé, destacada investigadora en política alimentaria, insistió en que los responsables políticos deben pasar de la educación nutricional a la acción regulatoria: “Educar no basta si el entorno alimentario sigue promoviendo opciones perjudiciales”.
¿Qué son los alimentos ultraprocesados y por qué preocupan?
Los alimentos ultraprocesados, identificados por estudios de la Universidad Johns Hopkins como formulaciones industriales de ingredientes refinados, aditivos y conservantes, representan más del 58 % de las calorías que consume la población estadounidense en promedio. Ejemplos comunes son bebidas azucaradas, snacks empaquetados, comidas listas para calentar y productos de panadería con larga vida de anaquel. Según especialistas en salud pública, su expansión responde a estrategias de marketing masivo y precios bajos derivados de subsidios a materias primas como el jarabe de maíz o el aceite de soya.
Las evidencias acumuladas en la última década vinculan el alto consumo de estos productos con un aumento sostenido en la incidencia de enfermedades metabólicas. En 2025, un análisis global del BMJ estimó que reducir en un 20 % la ingesta de alimentos ultraprocesados podría prevenir más de 1,5 millones de muertes anuales asociadas a obesidad y diabetes. Además, investigaciones emergentes sugieren posibles efectos sobre la salud mental y el deterioro cognitivo, una línea de trabajo abordada también en el número especial del AJPH.
La dimensión política: entre la ciencia y el lobby industrial
A pesar del respaldo ciudadano, los expertos advierten que las políticas federales han sido reticentes a confrontar los intereses de la industria. El secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., impulsor de la campaña Make America Healthy Again, ha promovido medidas centradas en la responsabilidad individual. Sin embargo, Marion Nestlé y otros autores sostienen que esa visión ignora las dinámicas estructurales que determinan el acceso a alimentos saludables.
En sus artículos, Nestlé argumenta que la educación alimentaria —aunque necesaria— se convierte en una herramienta limitada cuando el sistema comercial sigue orientado a maximizar el consumo de productos de bajo valor nutricional. Las empresas, explica, aceptan con facilidad medidas educativas precisamente porque no afectan su modelo de negocio. En cambio, impuestos específicos, restricciones de marketing infantil o límites a los aditivos sí podrían modificar la oferta y la demanda.
¿Por qué la educación no es suficiente?
El enfoque educativo ha predominado en las políticas nutricionales durante más de tres décadas. Campañas como MyPlate o ChooseMyPlate buscaban enseñar a los consumidores a equilibrar sus dietas, pero los indicadores nacionales muestran que la obesidad sigue en aumento. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la prevalencia de obesidad en adultos pasó del 30,5 % en 2000 al 42,2 % en 2025.
Los investigadores plantean que la educación enfrenta límites estructurales: el costo de los alimentos frescos, la falta de disponibilidad en comunidades de bajos ingresos y la fuerte exposición al marketing de productos ultraprocesados. Estas barreras, sumadas a estrategias de envasado y sabor diseñadas para fomentar el consumo repetido, reducen la efectividad de las campañas informativas. Como explicó Laura Schmidt, de la Universidad de California en San Francisco, “si el sistema económico recompensa la producción de alimentos de baja calidad, educar no resolverá el problema”.
Reformas propuestas y resistencias esperadas
El debate sobre cómo regular los alimentos ultraprocesados retoma experiencias previas de control al tabaco, en las que políticas combinadas de impuestos, restricciones publicitarias y advertencias sanitarias lograron reducir el consumo. Smith Taillie y sus colegas señalan que estrategias similares podrían adaptarse al entorno alimentario. Entre las medidas planteadas destacan:
- Evaluar de manera independiente la seguridad de aditivos antes de su aprobación.
- Prohibir el uso de colorantes y saborizantes artificiales vinculados a hiperactividad infantil.
- Incorporar etiquetas frontales de advertencia sobre exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas.
- Reorientar subsidios agrícolas hacia la producción local de frutas y hortalizas.
Aunque varias de estas recomendaciones ya se aplican parcialmente en países como Chile o México, su adopción en Estados Unidos enfrentaría un poderoso lobby corporativo. De acuerdo con datos del Center for Responsive Politics, las empresas de alimentos y bebidas destinaron más de 150 millones de dólares en 2025 a cabildeo federal, centrado en limitar regulaciones de etiquetado y fiscalidad.
¿Cómo influyen las campañas de marketing en la percepción del consumidor?
Una de las revelaciones más llamativas del número especial del AJPH proviene de un estudio histórico sobre las estrategias publicitarias empleadas por grandes corporaciones alimentarias durante las décadas de 1980 y 1990. Investigadores rastrearon cómo las tácticas de marketing de los cigarrillos —uso de personajes animados, segmentación juvenil y mensajes aspiracionales— fueron reutilizadas para promover productos ultraprocesados como los Lunchables.
Estas técnicas consolidaron una cultura de consumo asociada a conveniencia, diversión y estatus. En contraste, los productos frescos o mínimamente procesados recibieron escaso apoyo publicitario. Según los estudios citados, esa asimetría comunicacional contribuyó a que generaciones enteras normalizaran dietas basadas en productos empaquetados.
Actualmente, las redes sociales y las estrategias de influencia digital replican ese modelo. Un análisis de la Universidad de Michigan en 2026 identificó más de 50.000 contenidos patrocinados relacionados con alimentos ultraprocesados en plataformas como TikTok, dirigidos mayoritariamente a menores de 18 años. Los investigadores advierten que la exposición constante a este tipo de mensajes refuerza patrones de consumo difíciles de revertir incluso con intervenciones educativas.
Impacto económico y desigualdad alimentaria
El aumento del consumo de productos ultraprocesados también refleja inequidades estructurales. En distritos de bajos ingresos, donde los supermercados con productos frescos son escasos, las tiendas de conveniencia concentran la oferta alimentaria. Estos establecimientos dependen de acuerdos con grandes distribuidores que priorizan productos de larga duración y alta rentabilidad. Así, la población más afectada por las enfermedades asociadas al exceso de ultraprocesados coincide con los grupos que menos opciones saludables tienen a su alcance.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que las enfermedades vinculadas a dietas deficientes generan costos anuales equivalentes al 5 % del PIB mundial. Para Estados Unidos, esa cifra puede superar los 1,7 billones de dólares en gastos médicos y pérdida de productividad. Por ello, los investigadores argumentan que la regulación de los alimentos ultraprocesados no solo tiene una dimensión sanitaria, sino también económica y de justicia social.
Perspectivas globales y alternativas emergentes
A nivel internacional, más de 25 países están debatiendo legislaciones similares a las que recomiendan los expertos estadounidenses. Chile fue pionero en incluir etiquetas de advertencia frontales y restricciones de marketing, con resultados medibles: entre 2016 y 2021, el consumo de bebidas azucaradas se redujo un 24 %, según datos del Ministerio de Salud chileno. México, por su parte, amplió su sistema de etiquetado en 2020 y logró mejoras comparables.
El interés mundial por los efectos de los alimentos ultraprocesados ha impulsado también movimientos locales hacia sistemas alimentarios sostenibles. Iniciativas comunitarias, como los huertos urbanos o las cooperativas agrícolas, promueven el acceso directo a alimentos frescos. Sin embargo, su expansión depende del apoyo institucional y de políticas de financiamiento que las integren en las estrategias nacionales de salud pública.
Entre la evidencia científica y la acción pendiente
Los investigadores coinciden en que el conocimiento sobre los riesgos de los alimentos ultraprocesados es ya robusto. Lo que falta, apuntan, es voluntad política. La propia Nestlé sostiene que el debate no debería centrarse en si actuar, sino en cómo implementar políticas efectivas que equilibren salud, economía y libertad de elección. Para los analistas, el consenso social revelado por la encuesta representa una ventana de oportunidad excepcional.
El desafío será traducir esa presión ciudadana en decisiones concretas. Mientras tanto, la industria continúa adaptando su discurso con líneas de productos “reformulados” o etiquetados “naturales”, que raras veces modifican el núcleo del problema: la dependencia estructural del procesamiento intensivo. La discusión sobre los alimentos ultraprocesados, lejos de cerrarse, se perfila como uno de los temas centrales en la agenda de salud pública de los próximos años.
Oli Seoane es médica clínica especializada en nutrición y longevidad. Se dedica a la prevención y a derribar mitos de salud con información clara, basada en evidencia. Como comunicadora, traduce la ciencia a un lenguaje simple para ayudar a las personas a vivir mejor.