La Corte Penal Internacional (CPI) hizo públicas este lunes las acusaciones formales contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, en las que se le atribuye responsabilidad en la muerte de al menos 76 personas durante su gestión como jefe de Estado y previamente como alcalde de Davao, en el sur del país.
Según el documento de 15 páginas presentado por los fiscales el 4 de julio, Duterte habría instruido y autorizado “actos violentos, incluyendo asesinatos, contra supuestos delincuentes, entre ellos presuntos traficantes y consumidores de drogas”. Los cargos se dividen en tres apartados: el primero señala la muerte de 19 personas entre 2013 y 2016 en Davao, cuando aún ejercía como alcalde; el segundo, la ejecución de 14 víctimas entre 2016 y 2017, ya como presidente; y el tercero, el asesinato de 43 individuos durante las llamadas “operaciones de limpieza” entre 2016 y 2018.
Duterte, que fue arrestado en marzo por las autoridades filipinas a raíz de una orden emitida por la CPI, se encuentra detenido en las instalaciones del tribunal en los Países Bajos. Hasta el momento, ni él ni su defensa ni su familia han reaccionado públicamente a la difusión de los cargos. Durante su mandato, el exmandatario negó haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, aunque en múltiples ocasiones amenazó públicamente a los sospechosos de narcotráfico con la muerte y alentó a las fuerzas policiales a abrir fuego si los acusados ofrecían resistencia violenta.
La detención de Duterte ha generado un fuerte debate en Filipinas. Sus seguidores critican duramente al presidente Ferdinand Marcos Jr., rival político del expresidente, por ordenar su arresto y entrega a un tribunal cuya jurisdicción rechazan. Para sus aliados, la decisión representa una rendición de soberanía frente a instancias internacionales.
El proceso judicial sufrió un retraso, ya que la audiencia prevista para iniciar este martes fue pospuesta. Los jueces deberán evaluar primero los argumentos presentados por los abogados defensores, quienes sostienen que Duterte no estaría en condiciones de enfrentar un juicio.
Las acusaciones contra el exmandatario se enmarcan en su controvertida “guerra contra las drogas”, una política que durante su gobierno recibió críticas generalizadas de organizaciones de derechos humanos, gobiernos extranjeros y organismos internacionales, por los miles de muertos registrados en operaciones policiales y ataques atribuidos a escuadrones de la muerte.
Con la publicación de los cargos, la CPI abre un capítulo decisivo en el escrutinio internacional sobre Duterte, quien pasó de ser un líder con amplio respaldo popular a convertirse en el primer expresidente filipino en enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad en La Haya.
