Un empresario japonés de 50 años, empleado de Astellas Pharma Inc., compareció a finales de noviembre en un tribunal de China para su primer juicio, acusado de espionaje. La audiencia, celebrada a puerta cerrada en el Tribunal Popular Intermedio N.º 2 de la capital china, ha suscitado preocupación en Tokio, que ha instado al gobierno chino a garantizar la transparencia en el proceso legal, según fuentes gubernamentales japonesas.
El hombre, quien había trabajado como ejecutivo en la filial china de Astellas Pharma y también ocupó un alto cargo en la Cámara de Comercio e Industria de Japón en China, fue detenido en marzo de 2023 poco antes de regresar a Japón. Su arresto formal se produjo en octubre de 2023, y fue acusado oficialmente en el verano de este año. Aunque las autoridades chinas no han ofrecido detalles sobre las pruebas en su contra, la detención ha reforzado los temores sobre el uso de la ley contra el espionaje como una herramienta política.
Contexto de la detención y tensiones diplomáticas
La detención del empresario es parte de un patrón más amplio relacionado con la estricta aplicación de la ley de contraespionaje de China, que entró en vigor en 2014 y se endureció en julio de 2023. Desde su implementación, al menos 17 ciudadanos japoneses han sido detenidos bajo sospechas de espionaje, de los cuales cinco permanecen bajo custodia. Este marco legal ha generado inquietud entre empresas y gobiernos extranjeros, que ven en estas acciones un posible riesgo para las operaciones comerciales en el país.
El caso también ha añadido tensión a las ya delicadas relaciones entre Japón y China. Durante una cumbre en noviembre en Perú, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, planteó directamente el asunto al presidente chino Xi Jinping, exigiendo la liberación del empresario. Ishiba destacó la importancia de un trato justo y transparente, subrayando que casos como este podrían impactar negativamente los vínculos bilaterales en un momento de desafíos económicos y estratégicos compartidos.
La ley contra el espionaje de China, que abarca una amplia gama de actividades, ha sido criticada por su vaguedad y por el riesgo de interpretaciones expansivas que pueden implicar a extranjeros y empleados de empresas internacionales en actividades consideradas rutinarias. Según expertos, esta normativa ha aumentado la inseguridad jurídica para ciudadanos y empresas extranjeras que operan en China, lo que podría disuadir futuras inversiones en el país.
Astellas Pharma, la empresa para la que trabajaba el empresario detenido, ha evitado hacer comentarios públicos sobre el caso, mientras la Embajada de Japón en Beijing sigue ofreciendo asistencia consular. Tokio, por su parte, ha redoblado sus esfuerzos diplomáticos para obtener información sobre el juicio y asegurar que se respete el debido proceso.
