Corea del Sur se convirtió este jueves en el primer país del mundo en poner en vigor una ley integral destinada a regular el uso seguro de la inteligencia artificial (IA), un paso que busca establecer límites claros frente a la desinformación, los contenidos manipulados y otros riesgos asociados al avance acelerado de esta tecnología. La norma, conocida como Ley Básica sobre el Desarrollo de la Inteligencia Artificial y el Establecimiento de una Base de Confianza, entró oficialmente en vigencia tras ser impulsada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La legislación marca un hito a nivel global al fijar un marco normativo completo para el desarrollo, la comercialización y el uso de modelos de inteligencia artificial. El foco principal está puesto en la responsabilidad de las empresas y desarrolladores frente a los efectos sociales que pueden generar estas herramientas, en particular la proliferación de noticias falsas y contenidos engañosos creados mediante sistemas automatizados.
Uno de los ejes centrales de la ley es la introducción del concepto de inteligencia artificial de alto riesgo. Bajo esta categoría se incluyen los sistemas utilizados en ámbitos sensibles de la vida cotidiana, como los procesos de contratación laboral, la evaluación de solicitudes de crédito o la provisión de asesoramiento médico. En estos casos, la normativa obliga a las compañías a informar de manera explícita a los usuarios que están interactuando con servicios basados en inteligencia artificial y a garantizar que su funcionamiento no ponga en peligro la seguridad ni los derechos de las personas.
En paralelo, la ley establece la obligatoriedad de identificar los contenidos generados por inteligencia artificial mediante marcas visibles que permitan reconocer su origen. Desde el gobierno surcoreano consideran que este mecanismo representa una barrera mínima pero indispensable para reducir el impacto de prácticas abusivas, como la creación de imágenes o videos falsos que pueden dañar reputaciones o influir de manera indebida en la opinión pública.
El nuevo marco también alcanza a las grandes compañías tecnológicas extranjeras que operan en el país. Aquellas firmas que superen determinados umbrales de facturación global, ventas locales o cantidad de usuarios diarios deberán designar un representante legal en Corea del Sur. Esta disposición apunta a facilitar la supervisión estatal y a asegurar que las autoridades puedan actuar con rapidez ante eventuales incumplimientos. En la práctica, empresas como OpenAI y Google ya quedan alcanzadas por esta exigencia.
La normativa prevé sanciones económicas para quienes violen sus disposiciones, con multas que pueden resultar significativas. No obstante, el gobierno decidió establecer un período de adaptación antes de aplicar penalidades, con el objetivo de dar margen al sector privado para adecuarse a las nuevas reglas sin frenar la innovación.
Además de los controles, la ley incorpora herramientas para fomentar el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial. El ministro de Ciencia deberá presentar periódicamente un plan estratégico que oriente las políticas públicas en el área, combinando regulación con estímulos a la investigación y la industria.
Con esta iniciativa, Corea del Sur busca posicionarse como referente global en la gobernanza de la inteligencia artificial, apostando a un equilibrio entre el impulso tecnológico y la protección de la sociedad frente a sus posibles efectos adversos.
