El abogado de Yoon asegura que el presidente destituido está preparado para enfrentar un juicio

proyecto de ley Yoon

Yun Gap-keun, representante legal del presidente surcoreano destituido Yoon Suk Yeol, afirmó este miércoles que su cliente está dispuesto a someterse a juicio en caso de ser imputado o si se emite una orden de arresto en su contra. Estas declaraciones se producen un día después de que un tribunal extendiera una orden de detención relacionada con la polémica imposición de ley marcial por parte de Yoon, la cual generó su destitución.

La declaración de Yun ocurre en medio de un renovado intento de las autoridades de detener a Yoon, tras el fracaso de un operativo realizado la semana pasada. En ese intento, un enfrentamiento de seis horas entre los investigadores y el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS, por sus siglas en inglés) impidió la ejecución de la orden.

El abogado aseguró que, aunque Yoon está dispuesto a cooperar si un tribunal aprueba una orden de arresto válida, su equipo rechaza categóricamente lo que calificaron como una «orden inválida» presentada por la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO). Yun subrayó que la jurisdicción sobre los cargos que enfrenta Yoon corresponde exclusivamente al Tribunal del Distrito Central de Seúl, y no al Tribunal del Distrito Occidental de Seúl, donde se solicitó la prórroga de la orden.

El viernes pasado, la CIO intentó ejecutar órdenes para detener a Yoon y registrar la residencia presidencial. Sin embargo, la operación fue suspendida tras un tenso bloqueo por parte del PSS. El tribunal aprobó posteriormente la extensión de la orden, que había expirado el lunes.

Yun también rechazó los rumores sobre un posible escape de Yoon de su residencia presidencial, confirmando que el equipo legal se reunió con él en el lugar la noche anterior.

El caso, que gira en torno a la declaración de ley marcial por parte de Yoon el pasado 3 de diciembre, continúa siendo un foco de tensión en Corea del Sur, mientras las autoridades buscan determinar si el expresidente incurrió en insurrección o abuso de poder.

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