El concurso preventivo de la firma de electrodomésticos no es un episodio aislado. Es el síntoma de una transformación silenciosa que está redefiniendo las reglas del capitalismo local.
Cuando Dante Do Sun Choi, fundador de Peabody, le dijo a Infobae que «la ilegalidad tomó todo el mercado argentino», no estaba haciendo catarsis empresarial ni buscando cobertura mediática para su concurso preventivo. Estaba describiendo, con la precisión de quien lo vivió desde adentro, un proceso de desinstitucionalización económica que lleva años desarrollándose y que la coyuntura actual aceleró sin freno visible.
El caso Peabody merece análisis porque excede a Peabody. Es la historia de una empresa que hizo todo bien —innovó, registró propiedad intelectual, cumplió normas, pagó impuestos, generó empleo— y que igualmente terminó en el borde del colapso. No por mala gestión ni por errores estratégicos, sino porque el entorno en el que operaba dejó de premiar ese comportamiento.
Cuando la formalidad se vuelve desventaja competitiva
El núcleo del problema que plantea Choi es conceptualmente serio: en determinadas condiciones de mercado, cumplir la ley se convierte en una desventaja. Si un competidor ingresa productos subfacturados, evade certificaciones obligatorias y opera fuera del sistema tributario, puede ofrecer el mismo artículo a un tercio del precio. El consumidor —racional en su lógica individual— elige el precio. El productor formal queda fuera del mercado. Y el Estado, que debería ser el árbitro que garantiza las reglas de juego, aparece en el relato de Choi como un actor lento, ineficiente y en algunos tramos cómplice por omisión.
No es un fenómeno nuevo en la Argentina, pero la escala sí lo es. Choi lo cuantifica: de ser un problema marginal que afectaba al 10 o 15% del mercado, la informalidad pasó a representar el 70 u 80%. Ese salto no es gradual: es una ruptura. Y tiene nombre propio en su análisis: «bolivarización», en referencia al modelo boliviano donde el contrabando no es excepción sino norma estructural del mercado de consumo masivo.
La metáfora es provocadora pero no imprecisa. Bolivia no llegó a ese punto por decisión deliberada de ningún gobierno: llegó por la acumulación de incentivos perversos, presión tributaria elevada, fronteras porosas y ausencia de enforcement efectivo. Todos elementos presentes, en distinta medida, en el diagnóstico que Choi hace de la Argentina actual.
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El ciclo de destrucción de valor
Lo que describe el empresario a lo largo de la entrevista publicada por Infobae es, en realidad, un ciclo de destrucción de valor que opera en etapas. Primero, la distorsión regulatoria de la gestión anterior —con el sistema de Precios Cuidados como condición para importar— generó rigideces que limitaron la competitividad. Luego, la devaluación de finales de 2023 licuó el crédito fiscal acumulado. Después, las restricciones cambiarias bloquearon el pago a proveedores externos, erosionando relaciones comerciales que llevaron años construir. Finalmente, la apertura importadora de 2025, aplicada en un contexto donde la informalidad ya era masiva, terminó de inclinar la cancha en contra de quien producía dentro del sistema.
Cada uno de esos impactos, tomado de manera aislada, podría ser absorbido por una empresa sólida. La combinación de todos en un período relativamente corto produce un daño acumulativo que ningún balance puede sostener indefinidamente.
El caso del ventilador de techo retráctil que Choi desarrolló hace una década es, en ese sentido, casi un manual de economía aplicada: una empresa invierte en I+D, registra un modelo, construye exclusividad durante nueve años y captura el valor de esa innovación. De repente, más de 200 competidores importan el mismo producto a un tercio del costo, eludiendo las normas técnicas que hacen viable esa diferencia de precio. La empresa baja sus costos todo lo que puede. No alcanza. El mercado premia la evasión, no la innovación.
El Estado ausente y el Estado confuso
Uno de los elementos más inquietantes del relato de Choi es la descripción del Estado como actor dual: por un lado exige, por el otro no protege. La carga impositiva sobre la producción formal es elevada —señala la doble imposición del IVA como factor estructural de la subfacturación—, mientras que la capacidad de enforcement sobre quienes evaden esas mismas cargas es mínima. Las denuncias ante organismos oficiales existen, pero el sistema es tan lento que las sanciones llegan cuando el daño ya está consumado.
Esta combinación —alta presión sobre los formales, baja sanción sobre los informales— genera el peor escenario posible desde el punto de vista de los incentivos: convierte la formalidad en castigo y la evasión en estrategia racional de supervivencia. No es un problema ideológico ni de gestión puntual: es un problema de diseño institucional que trasciende gobiernos.
Asimismo, la referencia que hace Choi al empresario Federico Braun y el hipermercadismo es, en ese sentido, iluminadora: cuando uno de los empresarios más sólidos del retail nacional declara que puede competir con Carrefour pero no con la ilegalidad, está diciendo algo con implicancias enormes: el problema no es la competencia extranjera, es la ausencia de reglas parejas hacia adentro.
¿Apertura o vaciamiento?
El análisis de Choi también invita a una reflexión sobre el modelo de apertura comercial y las condiciones en que se aplica. La comparación con Chile no es antojadiza: en ese país, la apertura arancelaria convive con una institucionalidad aduanera y tributaria que hace muy difícil la subfacturación sistemática. El consumidor chileno paga más por productos de marca porque confía en que el diferencial de precio refleja calidad real, respaldo técnico y garantía efectiva. En Argentina, ese diferencial simplemente desapareció: el precio del producto formal y el del informal no compiten en el mismo plano porque uno asume costos que el otro directamente evade.
Abrir una economía en esas condiciones no produce los efectos que la teoría predice. No hay convergencia hacia precios internacionales eficientes: hay una carrera hacia el fondo donde el operador más dispuesto a incumplir las reglas captura el mercado.
Un empresario, un síntoma
Choi tiene 50 años de historia argentina condensados en su trayectoria. Llegó sin papeles, sin idioma, sin red de contención. Construyó una empresa, generó empleos, pagó impuestos, innovó. Y hoy dice, con una honestidad que pocas veces se escucha en el mundo empresario local, que no sabe si va a seguir. Que el equity de marca que construyó no encuentra correlato en el mercado actual. Que en otro país valdría mucho más.
Esa frase no es solo la frustración de un individuo. Es la descripción de un mecanismo de expulsión de valor: cuando el entorno institucional no puede garantizar que el esfuerzo, la innovación y el cumplimiento produzcan retornos razonables, el capital —humano, financiero, intelectual— busca otro destino.
El concurso preventivo de Peabody es un expediente judicial. Pero lo que Dante Do Sun Choi describió en ese bar de Palermo en charla con Infobae es algo más difícil de resolver que una deuda con acreedores: es la pregunta sobre qué tipo de economía quiere ser la Argentina y si las respuestas que está dando hoy apuntan en alguna dirección coherente.
Co-fundador de ReporteAsia.
