Corea del Sur se convirtió en el primer país del mundo en implementar una legislación integral sobre inteligencia artificial con la entrada en vigor, el pasado 22 de enero, de la Ley Básica de IA. Esta normativa establece un sistema nacional de gestión, impulsa el desarrollo de la industria y busca garantizar la seguridad y confiabilidad en el uso de estas tecnologías.
La legislación surcoreana marca un hito global al anticiparse a la Unión Europea, que aunque aprobó en 2024 la primera regulación mundial sobre IA, pospuso hasta diciembre de 2027 las disposiciones sobre sistemas de alto riesgo.
Marcas de agua obligatorias y gestión de riesgos
La nueva ley establece que las empresas proveedoras de productos o servicios de IA deberán identificar mediante «marcas de agua» el contenido generado artificialmente, ya sea audio, imágenes o video.
Para sistemas clasificados como «IA de alto impacto» —aquellos con riesgos significativos para la vida, seguridad o derechos fundamentales de las personas— las compañías deberán notificar su uso anticipadamente y elaborar planes de gestión de riesgos. El incumplimiento puede derivar en multas administrativas de hasta 30 millones de wones (aproximadamente 22.000 dólares).
En el sector del entretenimiento digital, los videojuegos que utilicen IA generativa deberán mostrar avisos como «Este juego usa parcialmente IA generativa», mientras que los personajes creados artificialmente llevarán la etiqueta «generados por IA». Los chatbots de interacción deberán indicar «Conversación mediante IA generativa».
Sin embargo, la normativa exime aquellos casos donde la IA se emplea meramente como herramienta de eficiencia laboral. Así, las películas que utilicen IA para generar escenas no están obligadas a incluir etiquetas específicas.
Incertidumbre regulatoria genera resistencia empresarial
La implementación de la ley enfrenta considerable resistencia del sector tecnológico. Las empresas critican la ambigüedad de los criterios de cumplimiento, particularmente en la definición de «IA de alto impacto».
Aunque la legislación menciona sectores como energía, salud, investigación criminal, transporte y detenciones como áreas de «impacto significativo», la subjetividad del término genera confusión. Las compañías deben autoevaluar si sus sistemas entran en esta categoría, una responsabilidad que incluso expertos legales consideran problemática.
«La legislación parece haberse aprobado de forma precipitada y sin suficiente debate», señalan especialistas jurídicos, quienes sugieren «limitar el alcance regulatorio aclarando los términos».
Una encuesta de Startup Alliance a 101 startups surcoreanas reveló que el 98% no había establecido sistemas de cumplimiento para la nueva ley. Un representante empresarial advirtió: «Cumplir con las regulaciones y tareas administrativas requerirá tiempo y personal. Las grandes corporaciones cuentan con equipos legales, pero las startups con recursos limitados son vulnerables».
Lim Jeong-wook, corepresentante de Startup Alliance, expresó su preocupación: «Las startups ya enfrentan limitaciones de tiempo y fondos para desarrollo tecnológico. Ahora deben verificar constantemente el cumplimiento legal, lo que podría retrasar el progreso».
El gobierno ha anunciado un período de gracia de al menos un año antes de aplicar sanciones o iniciar investigaciones.
El desafío de regular empresas extranjeras
Otro punto crítico es la potencial discriminación contra compañías nacionales. Mientras las empresas surcoreanas enfrentan sanciones por violaciones, aplicar la ley a corporaciones extranjeras representa un desafío significativo.
Aunque la legislación exige que las grandes tecnológicas foráneas designen un representante en el país, si este actúa únicamente como enlace sin responsabilidad sustancial, la rendición de cuentas a nivel local se difumina. El precedente del incidente de hackeo de Coupang ilustra las dificultades para sancionar efectivamente a empresas extranjeras.
Choi Kyung-jin, presidente de la Sociedad Coreana de Derecho de la Inteligencia Artificial y profesor de la Universidad de Gachon, enfatizó: «El gobierno debe demostrar su compromiso de investigar y sancionar a los infractores extranjeros por igual que a las empresas nacionales para disipar las preocupaciones sobre discriminación inversa».
Co-fundador de ReporteAsia.
