La política surcoreana se encuentra en un momento sin precedentes con la detención este miércoles del presidente destituido Yoon Suk Yeol, quien enfrenta cargos de insurrección relacionados con su breve imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Tras ser transportado por un convoy desde la residencia presidencial, Yoon fue interrogado durante dos horas y media en la sede de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés), ubicada al sur de Seúl.
Según la CIO, Yoon se ha negado a testificar desde que comenzó el interrogatorio a las 11 a.m., en una sesión encabezada por Lee Jae-seung, vicejefe de la oficina, y con la presencia de los representantes legales del expresidente. Además, el interrogatorio no fue grabado en vídeo debido a la oposición del propio Yoon, una decisión que la CIO calificó como parte de su derecho de defensa.
La detención de Yoon llega después de varios intentos frustrados por parte de las autoridades para tomarlo bajo custodia, incluido un enfrentamiento con su equipo de seguridad presidencial a principios de mes. Un tribunal de Seúl había emitido la orden de detención el 31 de diciembre, tras ignorar Yoon tres citaciones del equipo conjunto de investigación liderado por la CIO, que incluye personal de la policía y el Ministerio de Defensa.
Antes de su detención, Yoon publicó un mensaje en vídeo en el que declaró que había decidido cooperar para evitar un derramamiento de sangre, pero subrayó que esto no implica reconocer la legitimidad de la investigación en su contra. En su mensaje, criticó duramente el estado de derecho en el país, calificándolo como colapsado, y afirmó que las órdenes emitidas por la CIO carecen de validez legal debido a su supuesta falta de autoridad investigativa.
La detención ha polarizado aún más el ambiente político. El gobernante Partido del Poder Popular (PPP) denunció la acción como «injusta» y «anormal». Su líder interino, Kwon Young Se, prometió que el partido buscará responsabilizar a la CIO por lo que calificó como una ejecución ilegal de la orden. Por el contrario, el líder de la oposición del Partido Demócrata, Park Chan Dae, celebró la detención como el primer paso para restaurar la democracia y el orden constitucional en Corea del Sur, instando a que Yoon sea detenido formalmente y sometido a una investigación exhaustiva.
La ley marcial, que Yoon impuso y que solo duró seis horas antes de ser revocada por el Parlamento, ha sido el centro de la investigación por insurrección, el único cargo por el cual los presidentes surcoreanos en funciones no son inmunes a ser procesados. Según la acusación, la declaración de la ley marcial violó los requisitos constitucionales y buscaba consolidar su poder en medio de crecientes desafíos políticos.
El Parlamento aprobó una moción de destitución contra Yoon el 14 de diciembre, suspendiendo su autoridad presidencial. Desde entonces, el Tribunal Constitucional ha iniciado el proceso para decidir si ratifica la destitución o lo reinstala en su cargo. La primera audiencia formal del tribunal, celebrada este martes, duró apenas cuatro minutos debido a la ausencia de Yoon, quien citó preocupaciones de seguridad a través de su equipo legal.
La CIO tiene ahora 48 horas desde el momento de la detención para decidir si solicita una orden de arresto oficial contra Yoon. De ser emitida, el expresidente permanecerá bajo custodia mientras el tribunal evalúa su caso.
