Un tribunal japonés condenó este miércoles a prisión perpetua a Tetsuya Yamagami, el hombre que asesinó al ex primer ministro Shinzo Abe durante un acto de campaña en dos mil veintidós, en una sentencia que vuelve a poner en el centro del debate público el daño social causado por la Iglesia de la Unificación y sus vínculos con la política japonesa.
El Tribunal de Distrito de Nara consideró que el ataque fue de una gravedad excepcional debido al riesgo extremo que implicó disparar varias veces en un espacio público y frente a una multitud, con la clara intención de matar. En su fallo, los jueces rechazaron los argumentos de la defensa, que había pedido una pena mucho menor al sostener que el acusado actuó marcado por una infancia adversa y por las consecuencias económicas que su familia sufrió a causa de las donaciones realizadas por su madre a la organización religiosa.
Durante el juicio, que contó con la participación de jueces legos, quedó acreditado que Yamagami actuó de manera autónoma y premeditada cuando atacó por la espalda a Abe mientras pronunciaba un discurso electoral frente a una estación de tren. El tribunal calificó el crimen como vil y extremadamente violento, y sostuvo que el arma de fabricación casera utilizada tenía capacidad letal suficiente, tal como había afirmado la fiscalía.
El acusado sostuvo que veía al ex primer ministro como una figura central en la relación entre la Iglesia de la Unificación y el poder político en Japón. Abe, quien fue el jefe de Gobierno con más tiempo en el cargo en la historia reciente del país, seguía teniendo un peso decisivo en la vida pública incluso después de dejar el cargo. Para el tribunal, sin embargo, esa percepción no justifica el crimen ni atenúa su responsabilidad penal.
Además del homicidio, Yamagami fue hallado culpable de violar la normativa sobre armas, al haber efectuado disparos con un artefacto prohibido. La defensa había intentado argumentar que el arma no encajaba en la definición legal vigente al momento del ataque, pero esa postura fue desestimada.
Tras escuchar la sentencia sin mostrar reacción, el acusado se inclinó levemente ante el juez. Desde la fiscalía señalaron que el fallo confirmó plenamente sus planteos, mientras que los abogados defensores lamentaron que no se reconociera el peso del entorno familiar en la motivación del crimen y dejaron abierta la posibilidad de apelar.
La viuda de Abe, Akie, expresó a través de un representante su deseo de que el condenado reflexione y se arrepienta por haber arrebatado la vida de un ser querido. Desde el Gobierno, el jefe del gabinete subrayó que la violencia nunca puede tener lugar en un proceso electoral y remarcó la necesidad de reforzar la seguridad de cara a los próximos comicios.
El caso tuvo un impacto que trascendió el ámbito judicial. Las revelaciones sobre las prácticas de recaudación de la Iglesia de la Unificación derivaron en una investigación oficial y en una orden judicial para disolver la organización y retirarle beneficios fiscales. También impulsaron una nueva legislación destinada a limitar métodos abusivos de captación de donaciones, en especial para proteger a los hijos de los miembros. Al mismo tiempo, crecieron las sospechas sobre los vínculos entre la organización y dirigentes del partido gobernante, lo que abrió un debate profundo sobre religión, política y responsabilidad institucional en Japón.
