La compañía Tabacalera Sarandí SA reiteró sus acusaciones sobre una «campaña de acoso y desprestigio» tras las denuncias presentadas por los diputados Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica (CC). Además, procedió a presentar una denuncia penal contra los legisladores.
El directorio de Sarandí expresó que «hay una clara campaña de hostigamiento y descredito contra nuestra empresa y su presidente, impulsada por declaraciones falsas y rumores que son amplificados por algunos periodistas y medios, con el objetivo de favorecer a competidores internacionales como Massalin y British American Tobacco».
Los diputados López y Campagnoli, basándose en informes periodísticos que supuestamente carecen de hechos fiables y fundamentos sólidos, iniciaron la causa 2643/2024, actualmente en proceso en el Juzgado Nacional 6 de la ciudad de Buenos Aires. En esta causa, se acusa a Tabacalera Sarandí de supuestas actividades ilícitas. La empresa ha respondido activamente en el litigio, nombrando abogados y solicitando que se cite a los diputados (Campagnoli y López) para declarar y ser interrogados exhaustivamente por los abogados defensores frente al juez.
Desde Tabacalera Sarandí, indican que las afirmaciones hechas por Campagnoli y López son malintencionadas y tienen la intención clara de dañar tanto a la empresa como a su presidente, Pablo Otero.
El señor Otero ha pedido ser citado para declarar y profundizar en su acusación contra ambos legisladores por el delito de falso testimonio calificado, presentando pruebas concretas. El directorio de Sarandí manifiesta que «existe una evidente campaña de acoso y desprestigio hacia nuestra empresa y su presidente, basada en mentiras y falsedades que son amplificadas por ciertos periodistas y medios de comunicación, con el propósito de favorecer a multinacionales como Massalin y British American Tobacco. Todo esto, con el apoyo de políticos como López y Campagnoli, quienes buscan notoriedad y están al servicio de grandes corporaciones».
Esta semana, se reveló que López y Campagnoli presentaron una denuncia contra Otero por delitos de cohecho, apropiación indebida de tributos, emisión de facturas apócrifas, subfacturación, lavado de activos y asociación ilícita.
El caso ha sido asignado al juez Ariel Lijo y también involucra al exdirector de la AFIP, Carlos Castagneto, y a cuatro funcionarios que trabajaron en el organismo.
«Basándonos en informes periodísticos y otras fuentes, hemos descubierto posibles maniobras ilícitas que involucran actos de cohecho (pago y recepción de regalos) realizados por Pablo Otero, en su rol de presidente de Tabacalera Sarandí S.A., a funcionarios de la AFIP. El objetivo sería evitar el cobro de grandes sumas de dinero adeudadas en concepto de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Estos hechos habrían ocurrido desde el año 2018 hasta la actualidad», se explica en la presentación realizada por los miembros de la CC.
La acusación sostiene que desde 2018, Otero ha evitado pagar impuestos al tabaco gracias a medidas cautelares judiciales. «Empleados de la AFIP descubrieron la posible implicación de Tabacalera Sarandí en el uso de facturas apócrifas, y en lugar de seguir el procedimiento habitual y presentar una denuncia penal, se desplazó a los agentes que intervinieron en el caso», menciona la denuncia.
La empresa refuta estas acusaciones y denuncia una campaña en su contra. Pronto, Otero se enfrentará en los tribunales a López y Campagnoli.
Antecedentes de la denuncia de Tabacalera Sarandí
La industria tabacalera argentina se encuentra en medio de una intensa batalla legal revelada por Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí SA. Apodado el «Señor del Tabaco», Otero ha lanzado una acción judicial sin precedentes contra los directivos de Massalin Particulares, representante de Philip Morris International en Argentina, acusándolos de intentar «eliminar a la competencia» en el mercado local.
Las alegaciones, especificadas en documentos judiciales, incluyen delitos como asociación ilícita y fraude a la administración pública. También señalan la presunta complicidad de altos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y directivos del Grupo Clarín, todos nombrados en la demanda.
Otero sostiene que su decisión de litigar responde directamente a una supuesta campaña de difamación y coerción liderada por Philip Morris International, a través de su subsidiaria Massalin Particulares, en colaboración con ciertos sectores mediáticos y funcionarios públicos. El propósito de esta campaña sería, según él, sacar del mercado a competidores menores como Tabacalera Sarandí.
Esta contienda legal se basa en una serie de incidentes y maniobras que, de acuerdo con las acusaciones, fueron orquestadas por Philip Morris International y sus socios locales. La querella afirma que ejecutivos de Massalin Particulares recurrieron a «maniobras ilícitas», como la creación de causas falsas, presiones a legisladores y operaciones mediáticas coordinadas con los principales diarios del país, para ganar ventajas competitivas y eliminar a sus rivales.
Además, Otero ha resaltado la presunta complicidad de algunos funcionarios de la AFIP, quienes, presionados, habrían evitado actuar contra Tabacalera Sarandí, aunque la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales.
Tabacalera Sarandí SA, que posee marcas como Red Point, West, Master y Kiel, ha estado disputando en tribunales una reforma al impuesto interno (ley 24.674) implementada durante la presidencia de Mauricio Macri, la cual elevó estos tributos en un 70%. La empresa alega que esta medida incrementó significativamente el precio al público de sus productos, colocándolos en desventaja frente a las firmas internacionales.
Los pequeños y medianos empresarios del sector tabacalero en Argentina se enfrentan a una coyuntura crítica. El país comercializa aproximadamente 1.800 millones de paquetes de cigarrillos anualmente, lo que representa un valor promedio de dos dólares por paquete y un total de 3.600 millones de dólares en ingresos potenciales por ventas.
Es imperativo que se adopten medidas legislativas para abordar las dificultades que enfrentan estos productores, cuyos costos operativos como la energía, los repuestos y la mano de obra han escalado notablemente. Contrariamente, sus ingresos han disminuido drásticamente; actualmente, el 50% de sus ingresos proviene de la venta directa de tabaco, mientras que la otra mitad anteriormente se originaba del Fondo Especial del Tabaco, que ha visto reducciones significativas en sus contribuciones.
La resolución de esta problemática es vital no solo para los productores sino también para prevenir significativas pérdidas económicas para el Estado.
Pablo Otero, conocido como el «Señor del Tabaco» y dueño de la Tabacalera Sarandí, ha iniciado acciones legales contra altos funcionarios de la AFIP, miembros del directorio del Grupo Clarín y de Massalin Particulares, una subsidiaria de Phillip Morris International. Otero acusa a estas entidades de delitos graves como asociación ilícita y cohecho, apuntando específicamente a ejecutivos como Darío Pulenta.
La demanda pone de relieve las complejas dinámicas y las pugnas de poder dentro del sector tabacalero argentino, generando cuestionamientos sobre la ética empresarial y la integridad de las entidades implicadas.
Fundada en octubre de 2000 con capital enteramente nacional, Tabacalera Sarandí ha desarrollado una vasta experiencia en la producción y comercialización de una diversa gama de productos y accesorios del tabaco. Desempeña un rol esencial en la economía del país, al ser una fuente significativa de empleo y al aportar tanto al mercado local como al de exportaciones.
Periodista y apasionada del mundo asiático.