Un tribunal de Hong Kong declaró culpable este lunes al empresario y magnate de los medios Jimmy Lai por el delito de colusión con fuerzas extranjeras, en el marco de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín. El fallo deja al fundador del ya desaparecido diario Apple Daily ante la posibilidad de enfrentar una condena a prisión perpetua, en un contexto marcado por el deterioro de su salud y por un fuerte rechazo de gobiernos y organizaciones internacionales.
El juicio, seguido de cerca dentro y fuera del territorio, es considerado una prueba clave sobre el estado de los derechos civiles en Hong Kong desde su retorno a soberanía china en 1997. Lai, de setenta y ocho años, permanece detenido desde fines de dos mil veinte y se declaró inocente de los cargos por conspirar con actores extranjeros y por publicar material considerado sedicioso. El tribunal escuchará los argumentos finales antes de definir la pena a mediados de enero.
Durante la lectura del veredicto, la jueza Esther Toh afirmó que existían pruebas contundentes de que Lai fue el principal impulsor de la supuesta conspiración. Según la magistrada, el empresario buscó apoyo de Estados Unidos y de países occidentales para promover sanciones y otras acciones contra China y Hong Kong, con el objetivo de debilitar al Partido Comunista y provocar un cambio político en el país. Para el tribunal, esas acciones constituyeron una amenaza directa a la seguridad nacional.
Desde Pekín, el Ministerio de Relaciones Exteriores respaldó el fallo y elogió a la justicia hongkonesa por, según sus palabras, proteger la seguridad del Estado. Las autoridades chinas insistieron en que el proceso es un asunto interno y advirtieron a otros países que se abstengan de intervenir. En la misma línea, el jefe del Ejecutivo de Hong Kong sostuvo que Lai utilizó el discurso de los derechos y la democracia para dañar al país y justificó la dureza de la respuesta oficial.
La condena provocó reacciones inmediatas en Occidente. El Reino Unido, país del que Lai es ciudadano, calificó el proceso como una persecución política, mientras que la Unión Europea señaló que el caso refleja el progresivo debilitamiento de las libertades fundamentales en Hong Kong. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa denunciaron el juicio como una farsa y reclamaron su liberación inmediata.
La situación personal de Lai añadió un componente humanitario al caso. Su familia alertó en reiteradas ocasiones sobre el grave deterioro de su estado físico, con pérdida de peso, problemas cardíacos, diabetes e hipertensión. Durante el tramo final del juicio, las audiencias debieron interrumpirse para que recibiera medicación y control médico. Sus hijos reclamaron que su liberación sea una condición básica para cualquier acercamiento político de los países occidentales con China.
Mientras tanto, las autoridades locales sostienen que Lai ha recibido un juicio justo y que las condiciones de su detención responden a decisiones propias. Sin embargo, el veredicto refuerza la percepción de que el espacio para la disidencia y la prensa crítica en Hong Kong se ha reducido de manera drástica, consolidando un escenario de fuerte tensión entre el discurso oficial de seguridad y las demandas internacionales por el respeto a los derechos y libertades que alguna vez distinguieron a la ciudad.
