Un alto ejecutivo de Prince Holding Group, un conglomerado de Camboya señalado por autoridades occidentales como una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia, habría ingresado y salido de Japón en reiteradas ocasiones después de ser sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido, según revelaron fuentes cercanas al caso.
Las sospechas se centran en Chen Xiao’er, identificado como asesor del presidente del grupo, Chen Zhi, actualmente detenido en China. Investigadores consideran que Japón podría haberse convertido en un posible refugio para proteger tanto al ejecutivo como parte de los activos de la organización, en un contexto en el que distintos gobiernos avanzan con medidas para congelar bienes vinculados al conglomerado.
Las autoridades de Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán han intensificado en los últimos meses las acciones para rastrear y decomisar fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita. Sin embargo, especialistas señalan que Japón mantiene un marco legal menos desarrollado para la confiscación de ganancias relacionadas con actividades criminales internacionales, lo que podría haber facilitado movimientos financieros y operaciones inmobiliarias.
En ese escenario, surgieron sospechas sobre la compra de propiedades de lujo en Tokio y sus alrededores como parte de posibles maniobras de lavado de dinero. Aunque no se han presentado cargos formales en Japón, las investigaciones apuntan a movimientos financieros y viajes realizados poco después de que Washington y Londres anunciaran sanciones contra Prince Holding Group y personas relacionadas con la compañía.
Chen Xiao’er, de origen chino, posee ciudadanía de Saint Kitts y Nevis, un pequeño país caribeño conocido por sus programas de ciudadanía por inversión. Además, figura como director de una empresa de inversiones con sede en Palaos. El gobierno estadounidense también sancionó a compañías vinculadas a él y a personas de su entorno.
Tras conocerse información diplomática sobre la presencia de un ejecutivo del grupo en Japón, la agencia Kyodo News analizó registros de vuelos privados desde mediados de octubre, cuando se hicieron públicas las sanciones internacionales. Según esos datos, una aeronave registrada en San Marino realizó varios viajes entre el aeropuerto de Narita, cerca de Tokio, y Phnom Penh, capital de Camboya.
El avión, identificado con la matrícula T7-CLN, habría efectuado distintos trayectos entre ambos países en las semanas posteriores a las sanciones. Las investigaciones determinaron que la aeronave pertenece a CN Breeze Ltd., una firma de gestión de activos radicada en Hong Kong.
Documentos corporativos identifican como presidente de esa compañía a Wu An Ming, nombre que, según registros divulgados previamente por la propia empresa ante la bolsa de valores, corresponde a Chen Xiao’er.
Las autoridades británicas sostienen además que el empresario utiliza al menos cuatro identidades distintas y que posee ciudadanías de Chipre, Camboya y China, además de la de Saint Kitts y Nevis.
Periodistas de Kyodo News visitaron la dirección registrada de CN Breeze en Hong Kong, pero encontraron únicamente una oficina alquilada y no lograron obtener información relevante de la administración del edificio.
El caso vuelve a poner el foco sobre las dificultades que enfrentan varios países asiáticos para controlar el movimiento de capitales vinculados al crimen organizado internacional y sobre el uso de complejas estructuras corporativas y múltiples nacionalidades para ocultar patrimonios y operaciones financieras.
