Se suma otra renuncia tras la polémica entre Cancillería argentina y un empresario chino

En un reciente hecho que sacude al gobierno argentino, Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ha presentado su renuncia. Este acontecimiento sigue a la polémica generada por supuestas presiones ejercidas desde la Cancillería para beneficiar las actividades de pesca de un buque perteneciente a Liu Zhijiang, empresario de origen chino.

La controversia comenzó cuando se informó que el buque Tai An, de propiedad de Liu Zhijiang, operando bajo bandera argentina en Tierra del Fuego, fue sorprendido pescando ilegalmente en una zona restringida rica en merluza negra, una especie altamente cotizada y sujeta a estrictas cuotas de captura para preservar su población. Se alega que, a pesar de no contar con las cuotas adicionales necesarias, la embarcación fue hallada con 163 toneladas de esta especie, lo que llevó a las autoridades a ordenar su retorno inmediato a puerto.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado tras una llamada de la Cancillería argentina, en la que presuntamente Ferrara intercedió de manera intimidante para evitar que el Tai An cumpliera con la orden de regresar. Este acto de intromisión ha sido fuertemente criticado y señalado como un exceso por parte de la Cancillería, desencadenando un debate sobre la legalidad y la ética de la pesca comercial en aguas argentinas.

Ferrara, conocido por su trayectoria en el ámbito del Derecho Internacional Público y por haber presentado anteriormente un amparo colectivo ambiental ante la Corte Suprema para frenar la pesca ilegal, se encuentra ahora en el centro de la polémica. Su renuncia se suma a la de Julián Suárez, ex director de Control y Fiscalización Pesquera, marcando un momento de tensión dentro del gobierno y poniendo en relieve los desafíos que enfrenta Argentina en la gestión de sus recursos pesqueros y la protección de sus aguas frente a la pesca ilegal.

La merluza negra, cuyo valor puede alcanzar hasta USD 30.000 por tonelada, es una de las especies más buscadas, generando un mercado lucrativo pero altamente regulado para evitar su sobreexplotación. Este incidente no solo arroja luz sobre la problemática de la pesca furtiva en el Mar Argentino sino que también plantea preguntas sobre la influencia y las acciones del gobierno en la regulación y control de esta práctica.

Mientras el gobierno y la Cancillería evalúan los próximos pasos a seguir, la comunidad internacional y los actores locales esperan medidas concretas para fortalecer las políticas de conservación marina y asegurar un enfoque sostenible y legal hacia la explotación de los recursos pesqueros de Argentina.

 

 

 

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