Los directivos de la empresa tucumana Paramérica S.A. y el Grupo Ruiz, los hermanos Carlos, Diego y Marcelo Ruiz Juárez, rechazaron categóricamente los informes que señalaban supuestos sobreprecios en sus transacciones con la estatal venezolana Pdvsa Agrícola. La compañía defendió su rol en el proyecto, enfatizando que sus precios resultaron más beneficiosos para Venezuela que las ofertas directas de los fabricantes.
La auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) había sugerido sobrecostos de hasta 91,5% en algunas facturas de repuestos e implementos agrícolas. No obstante, los empresarios han reiterado que no comparten la metodología ni las conclusiones de la Sigen.
El argumento central de los propietarios de Paramérica S.A. radica en una ventaja económica directa para la parte venezolana. Carlos Ruiz Juárez, presidente de la firma, afirmó que los valores que manejó Paramérica S.A. «eran inferiores a las ofertas que hicieron los fabricantes argentinos».
La empresa actuó como un actor esencial entre el gobierno de Venezuela y los industriales que manufacturaron la maquinaria y los insumos agrícolas.
Marcelo Ruiz Juárez explicó que la elección de Pdvsa Agrícola de operar a través de Paramérica S.A. se debió a que, tras un proceso de cotización, los precios de la empresa tucumana «resultaban mejores» que los ofrecidos por las propias fábricas de tractores, cosechadoras y herramientas. Esta situación posiciona a Paramérica S.A. no solo como un proveedor de servicios, sino como un gestor eficiente de adquisiciones para el Estado venezolano.
Asistencia tecnológica integral y desarrollo agrícola
El rol de Paramérica S.A. trascendió la simple provisión de bienes. Su acuerdo con Pdvsa Agrícola fue de asistencia tecnológica y suministro, enfocado en la transferencia de conocimiento para el desarrollo agrícola.
Carlos Ruiz Juárez detalló que el proyecto buscaba el desarrollo de 80.000 hectáreas de caraotas (poroto) en Venezuela. La empresa tucumana vendió el «know-how» o conocimiento técnico para enseñar al gobierno venezolano cómo llevar a cabo una producción eficiente que ya se realizaba en Argentina.
Para lograr este objetivo, Paramérica S.A. desplazó a 120 especialistas tucumanos, que incluían desde ingenieros hasta tractoristas, quienes trabajaron directamente con productores venezolanos en un programa de asistencia y formación tecnológica.
Marcelo Ruiz Juárez subrayó la finalidad estratégica del proyecto: ayudar a Venezuela a generar sus propias fuentes de alimentos y reducir su dependencia de las importaciones. El programa tenía una visión a largo plazo, buscando que el país se autoabasteciera en un lapso de 10 a 15 años, lo que demuestra la naturaleza de desarrollo y capacitación del convenio. El suministro de repuestos, máquinas y semillas fue un componente necesario dentro de esta iniciativa integral de asistencia técnica.
Operación validada y cumplimiento regulatorio
Los empresarios ofrecieron un dato crucial sobre la legalidad de sus operaciones: el proyecto, que se extendió por casi una década (desde el período final de Hugo Chávez hasta los inicios de Nicolás Maduro), fue investigado exhaustivamente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina.
Carlos Ruiz Juárez indicó que, a pesar de estar bajo una «fiscalización permanente», la AFIP «jamás encontró nada irregular» en el proyecto. Su abogado, Eduardo Rothe, concluyó que la ausencia de hallazgos se debe a que «no hay nada que encontrar», reforzando la transparencia de la compañía.
El acuerdo con Pdvsa Agrícola finalizó después de casi 10 años. Según los dueños de Paramérica S.A., la conclusión se debió a que el gobierno venezolano «entendió que podían seguir solos», y no por problemas financieros o incumplimientos, un testimonio que respalda el éxito en la transferencia de conocimiento prometida inicialmente.
Paramérica S.A., cuya sede está ubicada en la autopista de la Ruta Nacional 38, reafirma su posición de legalidad y eficiencia en su rol de intermediario tecnológico y proveedor de bienes, desestimando los informes que ponen en duda la justificación económica de su contrato con Venezuela.
Periodista y apasionada del mundo asiático.