El nuevo esquema de sanciones por infracciones en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a regir desde junio de 2026 con valores récord para quienes incumplan las normas de tránsito. El aumento de las penalidades económicas, especialmente para casos graves como el exceso extremo de velocidad, forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno porteño para reforzar los controles viales y sostener el efecto disuasorio frente a la inflación y el crecimiento de los siniestros urbanos.
Las nuevas sanciones alcanzarán cifras históricas. Circular a más de 140 kilómetros por hora tendrá multas de hasta $3.799.960, mientras que cruzar un semáforo en rojo podrá costar hasta $1.424.985. También subirán las penalidades por usar el celular al volante, no utilizar cinturón de seguridad o conducir sin documentación vigente. El sistema se aplicará en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y afectará tanto a conductores particulares como a vehículos comerciales.
La actualización responde a un esquema vinculado a la Unidad Fija (UF), una referencia económica que toma como base el precio del combustible premium informado por el Automóvil Club Argentino. A partir de junio de 2026, cada UF tendrá un valor de $379,99, lo que impactará directamente sobre el costo final de las infracciones.
Cómo funcionará el nuevo esquema de sanciones en 2026
El sistema de penalidades porteño establece diferentes escalas según la gravedad de cada falta. Las infracciones consideradas peligrosas para terceros serán las más castigadas económicamente. Entre ellas aparecen el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo, la conducción alcoholizada y el uso del teléfono celular mientras se maneja.
El cuadro tarifario actualizado establece que:
- Superar los 140 km/h podrá generar multas cercanas a los $4 millones.
- Cruzar un semáforo en rojo alcanzará montos de hasta $1.424.985.
- Utilizar el celular mientras se conduce costará hasta $189.998.
- Circular sin cinturón de seguridad implicará sanciones de aproximadamente $94.999.
- Manejar sin licencia vigente tendrá multas que rondarán los $47.499.
Desde la Secretaría de Transporte porteña explicaron que el objetivo es evitar que las multas pierdan valor frente a la inflación. En años anteriores, los ajustes anuales provocaban un desfase importante entre los precios reales y las sanciones efectivas. El nuevo esquema mensual intenta corregir ese problema mediante actualizaciones automáticas.
El Gobierno sostiene además que el endurecimiento económico busca desalentar especialmente las conductas de riesgo vinculadas al exceso de velocidad. Según datos del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial, más del 40% de las muertes en accidentes de tránsito registradas durante 2025 estuvieron relacionadas con velocidades superiores a las permitidas.
Las autoridades consideran que las sanciones elevadas funcionan como un elemento preventivo, especialmente en corredores rápidos como General Paz, Autopista Illia y avenidas de alta circulación donde se concentra gran parte de los accidentes graves.
El sistema de Unidad Fija y el impacto de la inflación
La actualización automática mediante Unidad Fija se convirtió en una de las herramientas centrales del sistema de tránsito porteño. El mecanismo consiste en multiplicar una cantidad determinada de UF por el precio actualizado de la nafta premium. De esta manera, cualquier variación en el combustible modifica automáticamente el valor de las multas.
Este esquema fue implementado para evitar el deterioro real de las penalidades económicas. En contextos inflacionarios, mantener montos congelados durante largos períodos reducía el efecto disuasorio de las sanciones. Las autoridades sostienen que un conductor podía considerar “barata” una infracción grave después de algunos meses de inflación acumulada.
Con el nuevo modelo, las actualizaciones serán mensuales y automáticas. Esto permitirá que el valor de las multas acompañe el comportamiento general de precios de la economía argentina.
Sin embargo, el sistema también generó críticas de algunos sectores que consideran excesiva la dependencia del combustible como referencia económica. Organizaciones de defensa del consumidor advirtieron que los aumentos constantes podrían volver inaccesibles ciertas penalidades para sectores medios y trabajadores independientes que dependen del vehículo para sus actividades diarias.
A pesar de eso, desde el Gobierno porteño argumentan que el objetivo principal no es recaudar sino reducir conductas peligrosas. También remarcan que continúa vigente el beneficio del pago voluntario, que permite acceder a un descuento del 50% si la infracción se abona dentro de los 30 días posteriores a la notificación.
Este mecanismo de reducción anticipada fue implementado en 2021 y mejoró considerablemente los niveles de cobro. Según datos oficiales, más del 68% de los conductores infraccionados regularizó su situación durante el primer mes en 2025, reduciendo la mora administrativa y facilitando la gestión online de expedientes.
Tecnología, cámaras y control automatizado
La modernización tecnológica cambió por completo la manera en que se controlan las infracciones en Buenos Aires. Actualmente, gran parte de las sanciones son detectadas automáticamente mediante cámaras y radares distribuidos en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
La red de fiscalización ya cuenta con más de 230 dispositivos instalados en avenidas, autopistas y cruces de alta circulación. Estos sistemas registran exceso de velocidad, cruces indebidos, invasión de sendas peatonales y uso incorrecto de carriles exclusivos.
Según el último informe oficial, el 72% de las infracciones detectadas durante el primer trimestre de 2026 provinieron de controles automatizados. Esto refleja el peso creciente de la tecnología dentro del sistema de seguridad vial porteño.
El avance digital también alcanzó los trámites administrativos. Hoy los conductores pueden consultar infracciones online utilizando únicamente la patente del vehículo o el DNI del titular. El portal oficial permite verificar montos, fechas, ubicación de la falta y estado del expediente, además de realizar pagos electrónicos o descargar certificados de libre deuda.
Desde 2024 funciona además el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT), que concentra toda la información relacionada con antecedentes viales. La plataforma se actualiza en tiempo real y permite a los agentes verificar rápidamente si un conductor acumula sanciones previas o tiene restricciones sobre su licencia.
La incorporación de inteligencia artificial también comenzó a formar parte de los proyectos futuros. El Gobierno porteño analiza utilizar algoritmos para identificar patrones de reincidencia y detectar zonas urbanas con mayores niveles de riesgo vial.
El sistema de puntos y las consecuencias para los conductores reincidentes
El endurecimiento de las multas no funciona de manera aislada. Desde 2018, Buenos Aires utiliza un sistema de scoring que asigna 20 puntos iniciales a cada conductor. Cada infracción resta determinada cantidad de puntos según su gravedad.
Cuando una persona pierde la totalidad de su puntaje, la licencia queda suspendida temporalmente y el conductor debe realizar cursos obligatorios de reeducación vial para recuperarla.
Durante 2025, más de 15.000 conductores atravesaron este proceso. Las autoridades consideran que la combinación entre multas económicas elevadas y pérdida de puntos permitió reducir accidentes graves en corredores urbanos.
Los datos oficiales muestran que entre 2019 y 2025 las muertes vinculadas al tránsito descendieron cerca de un 25% en vías rápidas porteñas. Las reducciones más importantes se registraron en la Autopista Illia, la avenida 9 de Julio y sectores de General Paz.
El sistema apunta especialmente contra conductores reincidentes. Las autoridades sostienen que una parte significativa de los accidentes graves involucra personas con antecedentes de múltiples infracciones previas.
Además de las sanciones económicas y administrativas, algunos casos pueden derivar en causas judiciales, especialmente cuando existen lesiones, alcoholemia positiva o conducción temeraria extrema.
Comparación regional y el modelo porteño en América Latina
El aumento de las penalidades en Buenos Aires se inscribe dentro de una tendencia regional hacia políticas de seguridad vial más estrictas. Varias capitales latinoamericanas endurecieron sus sistemas de control durante los últimos años debido al crecimiento de accidentes urbanos.
En Santiago de Chile, las multas por exceso de velocidad grave pueden superar los 2,5 millones de pesos chilenos. Montevideo aplica sanciones equivalentes a cientos de miles de pesos argentinos y São Paulo combina penalidades económicas con suspensión inmediata de licencias.
Sin embargo, Buenos Aires sobresale por la integración entre sanciones económicas, control automatizado y digitalización administrativa. Especialistas internacionales señalaron que el sistema porteño podría convertirse en una referencia regional si logra sostener una reducción significativa de siniestros durante 2026 y 2027.
La combinación de cámaras inteligentes, registros centralizados y actualizaciones automáticas busca construir un modelo de fiscalización más eficiente y menos dependiente de controles manuales tradicionales.
No obstante, distintos especialistas remarcan que el desafío principal sigue siendo educativo. Las multas pueden modificar conductas en el corto plazo, pero la seguridad vial requiere también cambios culturales profundos relacionados con hábitos de manejo, respeto por peatones y convivencia urbana.
Los desafíos de movilidad que enfrenta Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires enfrenta un escenario cada vez más complejo en materia de movilidad. El crecimiento de motos de delivery, bicicletas, monopatines eléctricos y aplicaciones de transporte modificó radicalmente la circulación urbana durante los últimos años.
Frente a ese panorama, las autoridades proyectan revisar integralmente el Código de Tránsito porteño para adaptarlo a nuevas formas de movilidad. La futura normativa buscará incluir regulaciones específicas para vehículos eléctricos livianos y sistemas de transporte compartido.
También se prevé ampliar corredores con velocidad controlada e incorporar nuevos radares en zonas de alta circulación peatonal. El objetivo oficial es reducir en un 30% los siniestros graves antes de 2027.
Otro punto importante será el seguimiento del destino de los fondos recaudados. La legislación establece que el dinero obtenido por multas debe utilizarse en campañas de educación vial, mejora de infraestructura y programas de prevención.
En este contexto, el aumento de las sanciones económicas representa apenas una parte de una estrategia más amplia vinculada al control urbano y la seguridad vial.
El nuevo esquema de penalidades en Buenos Aires refleja cómo las grandes ciudades comienzan a combinar tecnología, automatización y presión económica para intentar reducir accidentes en entornos urbanos cada vez más densos y complejos. El resultado dependerá no sólo de los montos aplicados, sino también de la capacidad del sistema para sostener controles transparentes, educación vial y políticas públicas consistentes a largo plazo.
Periodista y apasionada del mundo asiático.