China ha incrementado su vigilancia sobre los ciudadanos japoneses tras la decisión de Tokio de verter agua radiactiva tratada procedente de la accidentada central nuclear de Fukushima, según informaron el domingo fuentes cercanas al asunto.
Pekín ha investigado los antecedentes de las personas implicadas en las negociaciones sobre el vertido de agua y en julio entró en vigor una ley revisada de contraespionaje que amplía el alcance de lo que constituye espionaje según la legislación china.
Algunos expertos políticos han afirmado que el Partido Comunista podría haber intentado detener a ciudadanos japoneses residentes en China, ya que la dirección del presidente Xi Jinping se ha vuelto cada vez más vigilante con respecto a las actividades de ciudadanos extranjeros dentro del país.
Hay más de 100.000 ciudadanos japoneses viviendo en China, y la preocupación ha crecido entre la comunidad internacional por la postura de Pekín, que parece tratar a los ciudadanos extranjeros como rehenes potenciales, dijeron los expertos.
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En abril de 2021, Japón decidió que vertería el agua radiactiva tratada en el océano Pacífico “en unos dos años”. El gobierno del primer ministro Fumio Kishida dio luz verde al inicio del vertido de agua el 24 de agosto, lo que provocó una fuerte reacción de China.
Hay más de 100.000 ciudadanos japoneses viviendo en China, y la preocupación ha crecido entre la comunidad internacional por la postura de Pekín, que parece tratar a los ciudadanos extranjeros como rehenes potenciales
Japón ha afirmado que el vertido es seguro, dado que el agua tratada se diluye para reducir los niveles de tritio a menos de una cuadragésima parte de la concentración permitida por las normas nacionales de seguridad antes de ser vertida al mar.
China, sin embargo, ha criticado a Japón por permitir el vertido de “agua contaminada nuclearmente” de la central, que naufragó tras un devastador terremoto y tsunami en marzo de 2011.
