El impacto catastrófico del cambio climático sobre las personas y la economía ha impulsado a los miembros de APEC a realizar la transición hacia una economía baja en carbono.
Sin embargo, según un informe político publicado recientemente este cambio debe promover la equidad y la inclusión.
"No se puede negar el impacto del cambio climático en nuestra economía y nuestra sociedad. Por ejemplo, sin medidas contra el cambio climático, la región de APEC podría absorber pérdidas de hasta el 18,3% del PBI para 2050", dijo Rhea C. Hernando, investigadora principal de la Unidad de Apoyo a las Políticas de APEC.
"También hay consecuencias significativas para la salud: el aumento de las temperaturas podría empeorar las enfermedades respiratorias, mientras que las lluvias frecuentes podrían dar lugar a brotes de malaria y dengue".
Se calcula que para 2030 los costes directos del cambio climático para la salud podrían alcanzar entre 2.000 y 4.000 millones de dólares al año. La región APEC representó alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) en 2019.
"Para combatir el cambio climático, es crucial reducir las emisiones de GEI y es necesaria la descarbonización", añadió Hernando. "Tomemos como ejemplo los combustibles fósiles. Contribuyen significativamente al cambio climático, representando más del 75 por ciento de los GEI".
El informe político, Transición hacia una economía sostenible garantizando la inclusión, advierte de que la crisis climática afectará de manera desproporcionada a grupos vulnerables como las mujeres, los pobres, los trabajadores, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas de toda la región.
Es importante entender que la búsqueda de una economía baja en carbono no debe hacerse a expensas de la equidad.
"La transición hacia una economía baja en carbono debe garantizar su inclusión, en particular su capacidad para acceder a oportunidades de trabajo decente", afirmó Hernando. "Una forma de garantizar la inclusión al mismo tiempo es adoptar el marco de la transición justa".
"La directiva principal de una transición justa es crear oportunidades de 'trabajo decente', apoyar a las personas cuyos medios de vida dependen en gran medida de los sectores intensivos en carbono y reducir el impacto negativo del cambio a una economía baja en carbono en los grupos marginados", continuó. "Las políticas de empleo, el diálogo social, las reformas estructurales y las inversiones deben llevarse a cabo en paralelo".
El informe detalla siete opciones políticas que deben adoptar las economías miembros para llevar a cabo esta transición, entre las que se encuentran fomentar activamente la descarbonización; evitar nuevas fuentes de bloqueo de carbono; proporcionar asistencia a los trabajadores y a las comunidades afectadas por el cambio; garantizar un proceso de planificación inclusivo y transparente basado en el diálogo social, entre otras.
Las políticas de apoyo al mercado laboral desempeñan un papel decisivo para garantizar que las comunidades y los grupos afectados prosperen en una economía baja en carbono.
Esto significa encontrar un equilibrio entre proporcionar apoyo financiero y protección social en caso de pérdida de empleo o desplazamiento de trabajadores, y ampliar las oportunidades de educación, reciclaje, mejora de las cualificaciones y formación.
Según el informe, las políticas comerciales y de inversión también podrían ajustarse más para estimular las industrias ecológicas e impulsar los empleos verdes y la innovación.
Otro elemento crucial para el éxito de la transición a la economía verde son las reformas estructurales. Estas reformas requieren políticas macroeconómicas que fomenten la producción y el consumo sostenibles y un entorno propicio para las empresas sostenibles.
